A pesar de que el Gobierno Abierto (GA) es un concepto relativamente nuevo en las ciencias sociales, los principios que lo integran son temas que cuentan con mucha experiencia práctica en México y América Latina, especialmente el de participación. Considero importante reflexionar en este sentido cuando suele descalificarse el modelo de gobierno abierto como algo importado, ajeno a nuestra cultura política o sin referentes en la gestión pública de nuestras sociedades.
Nadie podría negar la raíz latinoamericana del presupuesto participativo, por ejemplo, el cual es hoy en día reconocido como una de las mejores herramientas de gobierno abierto municipal, especialmente porque empodera a la ciudadanía a través de una toma de decisiones colaborativa.
El gobierno abierto tampoco debería ser visto como un patrimonio exclusivo de algún órgano o instituto del Estado. Especialmente desde foros del INAI se ha repetido que “no puede haber gobierno abierto sin los órganos garantes de transparencia”, en lo que personalmente difiero. Lo que sí resulta indispensable para que se implemente adecuadamente un gobierno abierto es la colaboración entre ciudadanía y gobierno, y la participación de órganos de transparencia a nivel internacional ha sido más bien la excepción.
La Métrica de Gobierno Abierto en sus dos ediciones identifica que el mayor reto para seguir avanzando en GA en nuestro país radica precisamente en la participación ciudadana. Un tema que rebasa las atribuciones de cualquier órgano de transparencia.
¿Cómo incorporar de manera exitosa la participación ciudadana en modelos de gobierno abierto? Desde una perspectiva de GA, la articulación de esquemas de involucramiento cívico no se agota con la instalación de un mecanismo como el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto o en la implementación de una “buena práctica”.
Si bien estas acciones pueden brindar “éxitos rápidos” para adoptar el modelo, estas podrían ser limitadas si no forman parte de un plan estratégico de gobierno abierto, que pueda estar alineado con las prioridades gubernamentales, implementado a partir de una agencia o dirección de innovación pública que dependa directamente del titular del Ejecutivo, no desde el área de transparencia. Como ejemplos podemos citar el Plan de Gobierno Abierto de Nariño, Colombia o el de Aragón en España, dos casos muy citados en literatura académica.
También es importante identificar el costo que puede tener la participación ciudadana, tanto para la ciudadanía como para el gobierno. Este es un aspecto muy importante que casi nunca se contempla y especialmente el modelo de implementación del INAI pasa por alto.
¿A qué nos referimos con los costos de participación? Desde el punto de vista de la sociedad implica que las OSC o personas participantes cuenten con tiempo y recursos suficientes para participar en procesos sofisticados y con una alta especialización, dado que su participación es honorífica. Desde el gobierno también se requiere personal especializado, tiempo y dinero para organizar la participación y recibir los inputs que se produzcan al abrir cualquier canal y no generar tensiones por la incapacidad de respuesta a las demandas que se han planteado.
Esta situación se complica cuando no existe un marco jurídico que reconozca el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión pública, como es el caso en el Estado de México, pero que también respalde las decisiones de las personas servidoras públicas y les cubra de posibles faltas administrativas o que no sea un obstáculo para la innovación pública.
Por último, también es importante considerar la evaluación en cualquier proceso de gobierno abierto, no sólo para conocer el impacto que tuvo la participación en la toma de decisiones públicas sino también para mejorar los procesos y dar pie a la institucionalización de los esfuerzos.
