Skip to main content

Ayer tuve el honor de participar en una mesa redonda organizada por el comisionado Gustavo Parra Noriega del INFOEM en torno al reto de implementar el Gobierno Abierto a nivel Municipal, y quisiera aprovechar también este espacio para compartirles algunas reflexiones al respecto.

De manera sostenida, el gobierno abierto se ha ido consolidando como un nuevo paradigma dentro de la gestión pública, proponiendo una nueva relación entre gobernantes, administraciones y sociedad, y orientado a la participación de la ciudadanía tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, con el objetivo de crear valor público más allá de las fronteras burocráticas estatales.

En México, el Sistema Nacional de Transparencia identifica el gobierno abierto como un “esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales, en cuyo trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana”.

Sin embargo, transformar esta definición en políticas públicas concretas en nuestro país ha sido un gran reto, principalmente porque el Gobierno Abierto no sólo implica instalar espacios multiactor y desarrollar planes de acción (lo que implicaría un entendimiento muy superficial del paradigma) sino que requiere desarrollar un conjunto básico de capacidades institucionales, operativas, técnicas y tecnológicas. Es decir, no puede haber Gobierno Abierto sin calidad administrativa.

Uno de los grandes desafíos para implementar el gobierno abierto a escala municipal tiene que ver con las capacidades y recursos con los que cuenta. El modelo institucional del Ayuntamiento requiere de importantes cambios: no podemos gobernar el futuro con instituciones diseñadas para realidades del siglo XIX. Antes de comenzar la implementación de un plan de gobierno abierto debemos partir de un adecuado diagnóstico de capacidades, para también identificar áreas de oportunidad y recursos que pudieran alinearse con estos objetivos.

La gran potencialidad del gobierno abierto es aprovecharla como una agenda de modernización de la gestión pública. El integrar este enfoque de manera transversal, y no sólo dejándolo al área responsable de la tecnología o de la transparencia, sino integrándose en todas las áreas y actividades del gobierno municipal.

El otro gran desafío tiene que ver con la participación ciudadana. Si las leyes de transparencia son la base para garantizar el derecho de acceso a la información pública, las acciones participativas desarrolladas en un contexto de gobierno abierto deben partir de reconocer a la participación ciudadana en la gestión pública precisamente como un derecho.

El reto es convertir estos desafíos en oportunidad: implementar el gobierno abierto a escala local como una agenda de modernización administrativa, poniendo a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas.

Daniel Rosemberg Cervantes Pérez

Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México; Máster en Administración y Gobierno electrónico por la Universidad Oberta de Catalunya, España. Realizo investigación, consultoría legislativa y capacitación sobre transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno abierto.